Rusia está violando el derecho internacional en Ucrania utilizando acusaciones infundadas por lo que las respuestas de los Estados deben guiarse en consecuencia

Elizabeth Wilmshurst * 

Rusia ha comenzado un ataque militar a gran escala contra Ucrania, habiendo declarado primero que reconoce a Donetsk y Lugansk como estados separados. Apenas hace falta decir que Rusia está violando el derecho internacional, violando la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas (ONU), violando la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de otros estados y violando la prohibición de intervención.

Pero Rusia está utilizando el lenguaje de la ley para defender sus acciones. En toda la verborrea reciente del presidente Vladimir Putin, se pueden obtener algunos intentos de argumentos legales, pero no resisten un escrutinio serio.

El Artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, siendo las dos únicas excepciones contempladas en la Carta a esta prohibición la legítima defensa y la acción ordenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su discurso del 23 de febrero, Putin señala dos motivos por los que Rusia se basa en la autodefensa: la defensa en ayuda de las dos repúblicas separatistas y la autodefensa a la luz de las amenazas contra la propia Rusia.

Donetsk, Lugansk y la autodefensa colectiva

Putin dijo que «las repúblicas populares de Donbass recurrieron a Rusia con una solicitud de ayuda» y pasó a tratar de justificar su acción militar bajo el Artículo 51 de la Carta. Pero es solo con respecto a los Estados que existe el derecho de legítima defensa colectiva: la intervención humanitaria en nombre de los individuos en un Estado no ha ganado un lugar en el derecho internacional. Y es sólo Rusia la que ha reconocido la condición de Estado de las dos regiones.

Putin repitió el 23 de febrero su alegación anterior de que el pueblo de las dos repúblicas separatistas estaba siendo reprimido por el gobierno de Ucrania, e incluso que se estaba cometiendo un genocidio contra ellos. Esta acusación infundada es relevante no solo para la reclamación de legítima defensa en nombre de estas regiones, sino también para el «reconocimiento» de Rusia de ellas como Estados separados.

El derecho internacional no otorga a los habitantes de una parte de un Estado el derecho a separarse de ese Estado. El aspecto de la autodeterminación que permite la independencia de un «pueblo» se aplica a los pueblos en colonias y otros territorios de ultramar bajo la ocupación de otro Estado. El otro aspecto de la autodeterminación es «interno» y comprende el derecho a elegir libremente el estatus político y perseguir el desarrollo económico, social y cultural dentro del estado, como los acuerdos de Minsk buscaron proporcionar a Donetsk y Lugansk.

Existe una teoría un tanto controvertida en el derecho internacional que otorgaría un derecho de secesión de un Estado si las personas en cuestión estuvieran sujetas a abusos extremos de los derechos humanos y a una opresión sistemática. Esta es la teoría de la secesión correctiva, que algunos países, como Suiza, utilizaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la declaración de independencia de Kosovo de Serbia, una independencia aún no reconocida por Rusia.

Pero la teoría no tiene apoyo de los tribunales internacionales y, aunque lo hiciera, la propia Rusia ha declarado anteriormente que el derecho de secesión correctiva está «limitado a circunstancias verdaderamente extremas, como un ataque armado directo por parte del Estado matriz, que amenaza la existencia misma del pueblo en cuestión» (véanse las presentaciones de Rusia a la CIJ en el caso de Kosovo, párrafo 88).

Los hechos no corroboran las afirmaciones de Rusia de todos modos. La ley es, como declaró en nombre del Secretario General de la ONU el 21 de febrero, que la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones separatistas es una «violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania e inconsistente con los principios de la Carta de las Naciones Unidas». No hay «estados» que puedan solicitar el uso de la fuerza militar.

¿Es Ucrania una amenaza contra Rusia?

Putin se refiere a la «mayor expansión de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte, el desarrollo militar de los territorios de Ucrania» como la creación de una zona «antirrusa» que comprende una «amenaza real no solo para nuestros intereses, sino para la existencia misma de nuestro Estado, su soberanía».

El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas permite la legítima defensa «si se produce un ataque armado». Muchos Estados han interpretado que esto incluye la defensa contra la amenaza de un ataque inminente; por ejemplo, no hay ningún requisito de esperar hasta que haya comenzado un ataque nuclear. Pero bajo ninguna interpretación de «inminencia» puede la situación en Ucrania constituir una amenaza para Rusia. No ha habido amenazas de fuerza contra Rusia por parte de Ucrania ni de los estados miembros de la OTAN. No hay nada que respalde una justificación legal para el ataque militar de Rusia contra Ucrania.

El mito de que Ucrania nunca ha tenido un «Estado real» tampoco da ninguna justificación legal para la agresión rusa. Las Naciones Unidas se basan en el «principio de la igualdad soberana de todos sus miembros» (artículo 2, apartado 1, de la Carta de las Naciones Unidas). Ucrania conservó su membresía en la ONU en la disolución de la URSS, habiendo sido uno de los miembros fundadores de la ONU como la República Socialista Soviética de Ucrania.

¿Cuáles son las consecuencias legales de las acciones de Rusia?

Dentro de la ONU, es el Consejo de Seguridad el que tiene el mandato de defender la paz y la seguridad internacionales, y actuar cuando existe una amenaza para la paz. Pero no habrá ayuda desde allí debido al estatus de Rusia como miembro permanente con derecho a veto.

La Asamblea General de la ONU puede actuar en su lugar. Desde 2014 ha adoptado una serie de resoluciones (la última el 9 de diciembre de 2021) que requieren que Rusia se retire inmediata e incondicionalmente de Crimea. Sin embargo, la Asamblea General no tiene las facultades del Consejo de Seguridad y no puede imponer el mantenimiento de la paz ni el uso de la fuerza.

A su debido tiempo, puede ser necesario poner en marcha una Comisión de Investigación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si hay violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se pueden presentar casos de derechos humanos contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero las instituciones internacionales no tienen los poderes necesarios para detener lo que está sucediendo en este momento.

El derecho internacional da derecho a Ucrania, al ser atacada, a pedir el apoyo de otros Estados. Y además de imponer sanciones, es posible que los Estados deseen considerar las contramedidas cibernéticas. Parte de la reciente actividad cibernética contra Ucrania ha sido atribuida por los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia a la Unidad Principal de Inteligencia de Rusia (GRU).

Además de lo anterior, el derecho internacional (concretamente el párrafo 2 del artículo 41 del proyecto de artículos de 2001 sobre la responsabilidad del Estado, que refleja el derecho internacional consuetudinario) impone a los Estados la obligación de no reconocer las situaciones resultantes del uso de la fuerza. Esto incluye la obligación de no reconocer la independencia de las dos repúblicas separatistas.

Putin se queja en su discurso del 23 de febrero sobre las violaciones pasadas del derecho internacional por parte de Occidente, y su referencia a la invasión de Irak en 2003 es reveladora. Pero la agresión desnuda exhibida contra Ucrania no puede justificarse por ninguna violación del derecho internacional en el pasado.

Rusia se ha presentado como un defensor del derecho internacional: en 2016, Rusia y China hicieron una declaración conjunta «sobre la promoción del derecho internacional». Rusia haría bien ahora en recordar la reafirmación en su declaración del «principio de que los Estados se abstendrán de la amenaza o el uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas», así como la declaración de que «la igualdad soberana es crucial para la estabilidad de las relaciones internacionales».

Artículo original aparecido en inglés en Chatham House 

* Fellow Distinguida, Programa de Derecho Internacional Chatham House. 

(Los destacados son de la Redacción)