Hamid Nouri

Histórico juicio contra criminal de guerra iraní en Suecia

En una noticia totalmente ignorada por los medios de comunicación, academia y activistas por los Derechos Humanos de América Latina, un tribunal de Estocolmo, Suecia, ha declarado culpable a Hamid Nouri de crímenes de guerra por su participación en las ejecuciones masivas de presos políticos iraníes en 1988. 

Bajo los cargos de «quitar intencionalmente la vida a un gran número de prisioneros que simpatizaban con los muyahidines y, además, de someter a los prisioneros a graves sufrimientos que se consideran tortura y trato inhumano», Nouri, un ex funcionario del régimen iraní, recibió la sentencia de cadena perpetua pues los fiscales suecos consideran que fue un actor clave en la maquinaria asesina instalada por el Ayatolá Khomeini. 

Mientras los abogados de Nouri piensan en la apelación y desde Teherán las voces oficialistas sostienen que el veredicto está “políticamente motivado”, la diáspora iraní respira aliviada ante esta victoria judicial. Hay que recordar que el juicio de Nouri se enmarca en un proceso de enfrentamiento y tensiones entre Suecia e Irán desde que este último país intentara liberar a Nouri con un intercambio por un ciudadano sueco-iraní condenado a muerte en Irán bajo cargos de espionaje. 

De esta manera, Nouri se ha convertido en la primera persona procesada y juzgada por las ejecuciones de 1988 cuando Nouri se desempeñaba como asistente del fiscal adjunto en la prisión de Gohardasht en Karaj y aunque el régimen de Teherán pretenda desvirtuar el proceso judicial al decir que está “políticamente sesgado” en realidad esta es una pequeña victoria tanto para las víctimas inocentes de la República Islámica como para la verdad y justicia histórica. 

Las matanzas de 1988

Durante toda la década de los ochenta las cárceles iraníes se llenaron de prisioneros políticos. La misma Amnistía Internacional ha declarado que la mayoría de esos prisioneros fueron sentenciados por actividades de protesta no violentas y en juicios muy lejos de los estándares legales internacionales. Las torturas y ejecuciones en las prisiones iraníes fueron la norma durante esa fatídica década. Prisiones como la de Evin y la ya mencionada Gohardasht cobraron una macabra fama entre la población civil iraní lo que le servía al régimen como una potente disuasión a toda crítica u oposición. 

A fines de julio de 1988, cuando la República Islámica de Irán había aceptado un cese al fuego en la guerra contra la República de Irak, se registró un ataque desde territorio iraquí del Mujahedin-e Khalq (MEK), también conocido como la Organización De Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI) contra presencia la militar iraní. Ante ese ataque, el entonces Líder Supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió dos órdenes secretas: iniciar un nuevo juicio contra todos los prisioneros políticos del país y ejecutar sumariamente a todos los prisioneros que fueran leales o simpatizaran con el PMOI o alguna otra organización de oposición al régimen islamista.

Para cumplir las órdenes del ayatolá se formó la llamada “Comisión de la Muerte”, tribunales secretos extrajudiciales que llevaron a cabo los interrogatorios y las condenas a muerte de miles de personas. Personajes como Jaafar Nayyeri, Morteza Eshragui y Mostafa Pourmohammadi jugaron roles importantes en estos procesos tal y como Kaveh Sharooz, abogado de origen iraní residente en Nueva York, ha constatado.

En estos juicios secretos e ilegales se determinaba si los prisioneros eran “Mohareb” (combatiente contra Dios) o “Mortad” (apóstata) y se procedía a su ejecución. El mismo Ayatolá Hossein Ali Montazeri estimó entre 2,800 y 3,800 los ejecutados durante los primeros dos meses de la “Comisión de la Muerte” aunque hay investigadores que sostienen que la cifra es mucho más alta. 

Los cuerpos de los ejecutados fueron sepultados en fosas comunes en lugares desconocidos y muchas familias jamás fueron informadas del destino de los suyos. Aquellas familias que recibieron la notificación fueron amenazadas de erigir algún monumento o llevar a cabo alguna ceremonia de conmemoración por sus muertos. 

Ebrahim Raisi (derecha) y Mostafa Pourmohammadi (izquierda), dos miembros del comité de

Ebrahim Raisi (derecha) y Mostafa Pourmohammadi (izquierda), dos miembros del comité de «Jueces de la Muerte».

El caso de Nouri no es uno aislado pues muchos políticos actuales del régimen iraní formaron parte de esta “Comisión de la Muerte” o por lo menos fueron cómplices silenciosos de sus actividades. El actual presidente iraní, Ebrahim Raisi fue uno de los jueces de los tribunales, hecho confirmado por varias investigaciones, aunque el mismo Raisi negó haber participado en las ejecuciones.  

Miles de ciudadanos iraníes murieron ahorcados, aventados a fosas comunes durante los meses en que la Comisión de la Muerte operó por todo el país. Este crimen de lesa humanidad ha pasado desapercibido a pesar de los esfuerzos de la diáspora iraní en Estados Unidos, Canadá y Europa que protestan y exhiben, en la medida de sus posibilidades, las entrañas criminales del régimen islámico que secuestró y pervirtió la revolución iraní de 1979. 

Un poco de justicia

Nouri fue arrestado en noviembre de 2019 cuando llegó a Estocolmo desde Irán. En el momento de su llegada la policía sueca lo arrestó pues contaba con una denuncia penal presentada por ex presos políticos iraníes residentes en la capital sueca.  

Las quejas del régimen iraní no se hicieron esperar y cuestionaron la jurisdicción sueca para juzgar un crimen cometido en suelo iraní, sin embargo la legislación de Suecia reconoce el principio de “jurisdicción universal” en crímenes cometidos contra el derecho internacional aunque no se hayan perpetrado en suelo sueco. 

Durante todo el juicio de Nouri, grupos de derechos humanos, agrupaciones iraníes de la diáspora así como académicos e intelectuales solidarios con las familias de las víctimas de la “Comisión de la Muerte” hicieron campaña permanente ante los tribunales de justicia de Estocolmo en donde se llevaba a cabo el juicio. 

El juicio, que inició en agosto de 2021 y ha concluido en julio de 2022, contó con el testimonio de ex prisioneros de Gohardasht en los cuales se registró que Nouri ayudaba en el proceso de selección de los prisioneros que serían presentados al tribunal. Otros exprisioneros acusaron a Nouri de haber participado en tortura y traslado de acusados a la horca. 

Aunque la defensa de Nouri centró sus argumentos en un caso de identidad equivocada y negaron que su cliente hubiera trabajado en Gohardasht sino en Evin. A pesar de estos esfuerzos, el tribunal sueco determinó que Nouri “conjuntamente y en connivencia con otras personas participó en la comisión de los actos delictivos».

Familiares de las víctimas de la infame “Comisión de la Muerte” han expresado su satisfacción por el veredicto y la misma Human Rights Watch calificó al juicio como «un mensaje a los funcionarios iraníes de más alto rango implicados en estos crímenes de que no pueden permanecer fuera del alcance de la justicia para siempre».

La BBC recogió los testimonios de algunos de los familiares de las víctimas presentes en la lectura de la sentencia a Nouri. Uno de ellos, Ahmad Ebrahim dijo: «Durante muchos años, el régimen trató de ocultar estas masacres de los ojos del mundo. Espero que arroje luz sobre lo que les sucedió a mis amigos que han sido masacrados».

Según un artículo de BBC de abril de este año, las ejecuciones se dispararon desde que Raisi asumió la presidencia. La estadística muestra un brutal ascenso a un promedio de 50-40 ejecutados mensuales. Nada raro, teniendo en cuenta el historial criminal de Raisi.

Protesta de la diáspora iraní en Londres por la masacre de 1988

Protesta de la diáspora iraní en Londres por la masacre de 1988

Para darle un contexto más amplio del nivel de violencia de lrán, vale recordar que de acuerdo a un reporte publicado por FIDH, International Federation for Human Rights en la historia de la República Islámica de Irán, fundada en 1979, se han ejecutado hasta la fecha una cantidad de al menos 30 mil personas.

¿Hasta cuándo ignoraremos en América Latina los crímenes, que por décadas ha cometido la dictadura iraní contra sus propios ciudadanos? ¿Cómo se explica el silencio de académicos, políticos y activistas por los Derechos Humanos latinoamericanos cuando se trata de condenar los abusos y crímenes de Irán? ¿Por qué incluso políticos latinoamericanos que se dicen preocupados por las violaciones a los Derechos Humanos callan e ignoran estos crímenes?

Los iraníes merecen una respuesta.