Decir que la Turquía actual se ha alejado de todo estándar democrático es decir algo obvio, que cualquiera con el mínimo de conocimiento e interés en las dinámicas políticas y sociales de dicho país puede atestiguar. Entender la profundidad de la erosión de la democracia turca es algo un poco más complejo, pero con un poco de esfuerzo, información y objetividad, se puede lograr y dimensionar. Lo que se vuelve realmente complicado, por lo menos para mí, es comprender el silencio y complicidad que académicos, políticos y medios de comunicación han mostrado ante el ascenso del autoritarismo turco, que, de la mano de Erdogan y sus encubridores, tiene en el llamado “Gezi Davasi” (Juicio de Gezi) otro ejemplo realmente insoportable para aquellos que queremos que los ciudadanos turcos vivan en una verdadera democracia, en libertad y sin miedo al abuso de poder. 

Osman Kavala. Foto archivo 2015 – Wikipedia

Probablemente los nombres de Yiğit Ekmekçi, Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, les resulten a ustedes desconocidos y ese es justamente el mayor peligro que enfrenta Turquía y cualquier país que aspire a ser una democracia: que el sistema judicial sea utilizado por la élite gobernante para intimidar, amenazar, agredir y encarcelar a ciudadanos comunes y corrientes, así como lo es usted que me lee o como yo que escribo. 

Un abogado (Atalay); dos arquitectos (Yapıcı y Kahraman); dos documentalistas (Özerden y Mater); el director de la Escuela Europea de Estudios Políticos Boğaziçi (Altınay); un fundador de universidades y centros culturales (Ekmekçi) y quizá el más famoso de todos, el filántropo y hombre de negocios Osman Kavala, enfrentaron y fueron sentenciados por el viciado y corrupto sistema judicial de Turquía en el Juicio Gezi iniciado el 18 de febrero de 2020 y que en abril del 2022 tuvo su injusto cierre. 

En el detalle del primer juicio se mencionaban los crímenes objeto de la acusación: «insurrección para un golpe de Estado», «organizar y financiar las protestas», «intentar derrocar al gobierno», «dañar la propiedad», «dañar lugares de culto y cementerios», «violar la Ley de Armas de Fuego, Cuchillos y Otras Herramientas», «saqueo agravado» y «violar la Ley de Protección de Bienes Culturales y Naturales».

En esa primera instancia judicial estos ocho acusados más otros siete ciudadanos turcos habían sido absueltos, pero, debido a las  demandas y presiones del gobierno del aspirante a sultán, Recep Tayyip Erdoğan, la Corte de Apelaciones de Turquía revirtió dicha absolución y los quince ciudadanos volvieron a sentarse en el banquillo en un proceso que recibió amplia atención mediática en Turquía y algunos países europeos por el alto grado de politización e intervencionismo de los poderes ejecutivo y legislativo en el mismo. 

La icónica dama de rojo, símbolo de la protesta

El pasado 25 de abril se llevó a cabo la sesión final del Juicio Gezi. Durante los alegatos de cierre los abogados defensores dejaron en claro, y en más de una ocasión, que ninguna prueba o evidencia distinta a las presentadas en la primera instancia de febrero de 2020 se había ofrecido en este segundo juicio, lo que indicaba que las motivaciones de este eran más políticas que legales. Otra conclusión de los abogados defensores fue que el Juicio de Gezi demuestra, una vez más, que en Turquía se ignoran constantemente las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha significado la pérdida de independencia del poder judicial y la politización de este poder en manos del Estado.

A pesar de los argumentos de la defensa, la falta absoluta de pruebas incriminatorias y una presión social local e internacional importante, el Juicio de Gezi terminó con una dura condena de cadena perpetua para Osman Kavala (que ya ha pasado cuatro años en prisión) al ser considerado responsable de “intentar derrocar al gobierno”. Kavala es un conocido empresario y filántropo  turco de origen griego que hace años apoya al ámbito cultural y de derechos humanos turco. Los otros siete acusados recibieron una pena de 18 años en prisión por ayudar a Kavala en dicho complot. 

Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional Europa dijo que el veredicto es un golpe devastador no sólo para Kavala y los otros coacusados sino para «todos los que creen en la justicia y el activismo de derechos humanos en Turquía”.

Muižnieks tiene razón, el veredicto es un golpe devastador, pero no es el origen del problema que enfrentan los derechos humanos en Turquía. Kavala y los demás ciudadanos injustamente sentenciados, se suman a una larga lista de políticos, periodistas, académicos y activistas por los derechos humanos que languidecen en prisiones turcas bajo acusaciones y cargos políticamente motivados y falsos. Sólo hace falta recordar nombres como el de Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, dirigentes del Partido Democrático de los Pueblos, Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, ex director de Amnistía Internacional Turquía, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun, defensores de derechos humanos, Ebru Timtik, abogado que murió por una huelga de hambre pidiendo un juicio justo para empezar a darse cuenta de esta tendencia del régimen de Erdogan de utilizar al sistema judicial para callar a sus críticos más visibles y enviar un mensaje de intimidación al resto de la población turca. 

Protestas de la plaza Taksim – Gezi

Podría mencionar muchos más nombres de ciudadanos que pasan y han pasado largos periodos de prisión bajo acusaciones infundadas y políticamente motivadas pero cualquier persona interesada puede consultar reportes como el de Human Rights Watch que dan cuenta de las severas limitaciones a las libertades políticas, académicas y mediáticas en Turquía y entender que el proceso iniciado por el Parque Gezi en 2013 aún tiene ramificaciones importantes en el país. 

Como lo hemos analizado anteriormente, en Turquía hay una lucha cultural por el corazón y futuro del país entre aquellos que desean un país en el cual impere el estado de derecho, el secularismo y la igualdad ante la ley y aquellos para los cuales las pulsiones y caprichos autoritarios de Erdogan significan la recuperación de un prestigio turco/musulmán perdido en los procesos de democratización, liberalización económica y acercamiento a la Unión Europea.  

En el banquillo de los acusados no se sentaron sólo quince ciudadanos turcos, comunes y corrientes, en el banquillo de los acusados se sentó toda la generación de Gezi. El proceso judicial no pretende establecerse meramente sobre la vida y futuro de quince personas, es un juicio contra todos aquellos turcos y turcas que salieron a la calle en 2013 a protestar contra un gobierno autoritario, xenófobo, violento y agresivo tanto en la región del Medio Oriente y Cáucaso como a nivel doméstico y también es un juicio terrible que exhibe la hipocresía y complicidad de algunos políticos, académicos e intelectuales que miran a otro lado mientras en Turquía la democracia muere.