Publicado originalmente en Con Israel y por la Paz

Por Matías Sakkal *

En los últimos días el ministro de justicia Yariv Levin del partido gobernante Likud ha presentado una propuesta de reforma judicial que ha despertado enormes críticas por parte de la oposición, el sistema judicial, los abogados y hasta por miembros del propio Likud.

La reforma en los términos presentados por Levin cambiaría las reglas del juego democrático en Israel. En Israel no hay constitución, pero sí existen leyes básicas que tienen rango constitucional. Dentro de esas leyes básicas, actualmente no hay ninguna que regule el balance de poder entre los tres poderes del estado: legislativo (la Knesset, el parlamento), ejecutivo (el gobierno) y judicial (los tribunales).

Si bien hay consenso en casi todo el arco político de que una ley tan importante como esta es necesaria, sin dudas que la propuesta de reforma propuesta por Yariv Levin resuelve el problema otorgándole todo el poder al gobierno y a la voluntad de la mayoría y vaciando de contenido el rol de los tribunales de justicia. Por eso mismo, Esther Hayut la presidenta de la Corte suprema de justicia de Israel calificó al plan como “un plan para aplastar el sistema de justicia y cambiar la identidad democrática del estado”.

Pero veamos en detalle: ¿Cuáles son los principales cambios que se proponen y por qué despiertan tanta crítica?

Piskat Haitgabrut- La cláusula de anulación

El parlamento israelí tiene el mandato de legislar de acuerdo a la voluntad de los parlamentarios elegidos por la ciudadanía. Una vez que una ley ha sido aprobada por la Knesset, la Corte Suprema de Israel la puede vetar si entiende que la misma va en contra de leyes básicas de Israel. Es decir, si la voluntad de la mayoría afecta derechos de las minorías (LGBT+, árabes, etc…) la corte tiene la potestad de anular esa ley.

Bajo el pretexto de que la Corte suprema se extralimita en sus funciones, vetando demasiadas leyes e impidiendo al gobierno avanzar con sus políticas, la reforma pretende que para que una ley pueda ser vetada por la corte suprema el voto de esta última tiene que ser con los 15 jueces presentes y con una mayoría especial del 80% de los jueces (aproximadamente 12) votando a favor del veto. Al imponer requisitos tan altos para el veto, se desvirtúa el poder de veto de la corte aun cuando estas afectan leyes básicas.

Ahora bien, en contrario a lo que opinan quienes sostienen que la corte se extralimita, la Corte tan solo ha vetado 22 leyes desde 1950.

Aún más, los vetos de la corte no son solo para favorecer a “la derecha” o “la izquierda” política en Israel sino a toda la ciudadanía. Veamos algunos ejemplos. En 2002 la corte falló en contra del gobierno permitiendo que una familia ultraortodoxa entierre a su familiar sin que se le haga autopsia, en 2005 la Corte sentenció que se deberían aumentar las compensaciones a las familias desalojadas en Gaza.

El control judicial de las leyes es uno de los frenos y contrapesos necesarios en toda sociedad democrática.

La elección de jueces

Otro de los cambios fundamentales que pretende la reforma es modificar la composición de la comisión que elige los jueces para darle mayoría a la política.

Actualmente la comisión está compuesta por 3 jueces de la corte suprema, 2 ministros del gobierno, 2 miembros de la Knesset (1 de la coalición y 1 de la oposición) y dos representantes del colegio de abogados. La reforma pretende sacar a estos dos últimos para agregar dos políticos y así garantizar la representación del público en la elección de jueces.  

Ahora bien, el poder judicial para poder ejercer sus funciones debe ser independiente del poder político. Los jueces deben ser independientes del poder ejecutivo y legislativo para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones y evitar la interferencia política en el proceso judicial. Si los políticos controlan la elección de jueces entonces pueden liberarse de cualquier tipo de revisión judicial de sus acciones.

El principio de razonabilidad

En el derecho, el principio de razonabilidad se refiere a la idea de que las leyes y las decisiones judiciales deben ser razonables y no arbitrarias. Por ejemplo, una ley que prohíbe la expresión de ciertas ideas podría ser considerada ilegítima si no se justifica razonablemente.

En general, se considera que una decisión es razonable si es proporcional al objetivo buscado, si es coherente con otras decisiones similares, y si tiene en cuenta las implicaciones prácticas y las posibles consecuencias.

Veamos cómo esto se aplica en Israel. En cierta ocasión se presentó a la Corte Suprema un caso en el que el gobierno había decidido proteger de manera limitada las escuelas de Sderot de los cohetes lanzados desde Gaza debido a las limitaciones presupuestarias. La corte falló que el gobierno no hizo una ponderación correcta entre la seguridad de los estudiantes y las limitaciones presupuestarias y ordenó proteger esas escuelas

La propuesta en su redacción actual, pretende impedir que los jueces utilicen este principio para revocar decisiones del gobierno. El problema es nuevamente el mismo: vaciar de poder a los tribunales para otorgarle todo el poder al gobierno de turno (sea el actual o uno futuro).

Esto se agrava aún más si entendemos que generalmente los tribunales son quienes pueden ver la imagen completa y los ministros o los políticos muchas veces toman las decisiones ponderando lo que concierne a su ámbito de actuación.

Asesores jurídicos del gobierno

Actualmente las opiniones de los asesores jurídicos del gobierno son vinculantes. Es decir, si un asesor le dice a un ministro que no puede llevar a cabo una determinada política por razones jurídicas este ministro se debe abstener de implementar esa medida.

La actual reforma pretende transformar la opinión de los asesores jurídicos en no obligatoria quitándoles todo tipo de relevancia.

Como hemos visto, cada uno de estos cambios son relevantes y podrían afectar la vida de todos los ciudadanos de Israel. Un poder judicial fuerte e independiente permite la existencia de todas las demás instituciones en una democracia. En ninguna dictadura existe un sistema judicial fuerte e independiente. Esto último además de ser mi opinión era la de Netanyahu en 2012, once años antes de formar coalición con sus actuales socios políticos.

צפייה חובה.
מסכימים עם מה שנתניהו בעצמו (!) אומר?
רטווטו כדי שכולם יידעו שגם הוא מת לבוא להפגנה pic.twitter.com/gal4CCHj1v

— ? תומר אביטל (@TomerAvital1) January 13, 2023

Discurso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en una ceremonia para marcar el traspaso del presidente del Tribunal Supremo en la Residencia del Presidente, Jerusalén, el 28 de febrero de 2012.

Dicho todo esto, es posible pensar que el pueblo de Israel eligió en las elecciones y votó  a favor de políticos que avanzan con esta reforma. Pero la democracia no solo se sustenta en el deseo de la mayoría sino también en la protección de los derechos de las minorías y justamente allí es donde el rol de los tribunales es esencial.

En una democracia se deben respetar los derechos individuales de todas las personas independientemente de su opinión política. Imponer la voluntad de la mayoría podría llevar a decisiones poco equitativas y a problemas sociales a largo plazo. Evitar los contrapesos frente a las tendencias dominantes de la mayoría, puede fomentar la adopción de decisiones impulsadas por la emoción o la intolerancia.

Cuales son las verdaderas intenciones de la presente reforma, aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el actual gobierno busca la acumulación total del poder para evitar oposición alguna a sus políticas. Avanzar con políticas elegidas por la voluntad popular es lo correcto en una sociedad democrática, pero cambiar las reglas de juego porque las actuales me impiden implementar lo que quiero, puede ser un golpe irreversible a la democracia.

Avanzar con políticas elegidas por la voluntad popular es lo correcto en una sociedad democrática, pero cambiar las reglas de juego para acaparar el poder puede ser un golpe irreversible a la democracia.

Israel se acerca a los 75 años, y el año número 75 puede quedar en la historia como el año en el cual la democracia israelí sufrió un terrible golpe o como el año en el que la sociedad logró alcanzar los consensos necesarios para reformar lo que es ineludible y defender los derechos de todas las personas sin distinción.

La historia evaluará si nuestros líderes estuvieron a la altura de semejante desafío.

*  Abogado especializado en Derecho Internacional y Derechos Humanos.